Las nuevas regulaciones de la política para el desarrollo de la creación audiovisual y cinematográfica nacional, que entran en vigor el 24 de septiembre; los cambios que traen en el trabajo de los creadores y en su relación con la institución, así como en cuestiones como la capacidad legal, las formas y facilidades de producción, y las aristas económicas de esta industria, fueron abordados en la Mesa Redonda de este miércoles.
El presidente del ICAIC, Ramón Samada Suárez; Waldo Ramírez de la Ribera, director general de la Televisión Cubana; Magda González Grau, realizadora y profesora de la FAMCA, y Lourdes de los Santos, realizadora y presidenta de la Asociación de Cine, Radio y TV de la UNEAC, abordaron el proceso de análisis colectivo que llevó al nuevo cuerpo jurídico y las implicaciones que tienen este, y el nuevo escenario que genera, para la creación audiovisual y cinematográfica en el país y para los creadores.
Los inicios de una política
Varios factores históricos han influenciado en que hoy se tomen estas medidas para favorecer la producción audiovisual en Cuba, aunque desde los años 80 existían en la Isla artistas independientes en las artes plásticas y en la literatura.
Desde el triunfo de la Revolución, el gobierno potenció la producción cinematográfica, un legado que trajo hasta nuestros días filmes como Lucía, Memorias del Subdesarrollo y Fresa y Chocolate. Con el advenimiento del Período especial, esta producción fue afectada y con ello se limitó la participación de los creadores.
No obstante, el factor fundamental fue el cambio del cine analógico al digital. A partir de ahí el cine se socializa, se democratiza y llega a muchas personas y, lo más importante, los creadores pueden producir su propio cine, sin la participación directa de las instituciones.
Según contó Ramón Samada Suárez, presidente del ICAIC, se empezó a crear, de manera espontánea y con la capacidad organizativa de los creadores, un movimiento audiovisual y de cine independiente, de donde han surgido productos de calidad: cortos, documentales y largos de ficción, incluso.
“Todo eso asentó la idea de abrigar ese movimiento, fomentarlo, legalizarlo, para que pudieran realizar su trabajo”.
Desde el 2008, en el congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba se comenzó a hablar de la necesidad de reconocer al productor independiente, y desde el 2012 el Estado cubano se encargó puntualmente del asunto.
“A partir de ahí se comenzó a trabajar, los cineastas comenzaron a trabajar y así, en tres años, se analizaron las dificultades y necesidades para incrementar la producción cinematográfica en el país”.
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